Marco legal de la institucionalidad minera en Chile

El 21 de marzo de 1953, durante el segundo Gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, fue publicado en el Diario Oficial el Decreto con Fuerza de Ley (DFL) Nº 16 que creó el Ministerio de Minas. El mismo año, y gracias a la publicación del DFL Nº 231 del 5 de agosto, se determinó la nominación actual de Ministerio de Minería.

En 1955 se formuló la política del ‘nuevo trato’ que logró aumentar las inversiones de la Gran Minería, basada en menores impuestos y en el aumento de la producción. En 1955 los parlamentarios chilenos comenzaron a legislar sobre la producción de cobre y produjeron leyes sobre tributación de esta actividad, destinadas a garantizar un ingreso mínimo al Estado. Ese año fue creado el Departamento del Cobre, con atribuciones de fiscalización y de participación en los mercados internacionales del metal. Este Departamento tenía la función de informar a los poderes públicos de Chile sobre materias relacionadas con la producción y venta de cobre, y de fiscalizar la producción y el comercio del mineral.

La Empresa Nacional de Minería, ENAMI, fue creada el 5 de abril de 1960 mediante la fusión de la Caja de Crédito y Fomento Minero, Cacremi, con su filial, la Empresa Nacional de Fundiciones, ENAF, alcanzando vida legal a través del DFL N° 153 del mismo año. ENAMI tiene por objeto “fomentar el desarrollo de la minería de pequeña y mediana escala, brindando los servicios requeridos para acceder al mercado de metales refinados, en condiciones de competitividad”.

Bajo el gobierno del Presidente Eduardo Frei Montalva, se perfecciona la política minera con la llamada "Chilenización del Cobre", en que Chile se asocia mayoritariamente al capital norteamericano, toma en sus manos la comercialización del cobre y se realizan importantes inversiones para expandir la producción. Ésta partió con la aprobación por parte del Congreso de la ley 16.425 que determinaba la creación de sociedades mixtas con las empresas extranjeras en las cuales el Estado tendría 51 por ciento de la propiedad de los yacimientos. Este proceso determinó en esa época la transformación del Departamento del Cobre en una Corporación del Cobre. La participación de 51 por ciento del Estado se concretó en los yacimientos más importantes y emblemáticos: Chuquicamata, El Teniente y Salvador, que como resultado de este proceso recibieron inversiones de importancia.

El escenario de la industria cambió radicalmente el 11 de julio de 1971 cuando el Congreso aprobó por unanimidad el proyecto sobre Nacionalización de la Gran Minería del Cobre, promulgado en la ley 17.450. Los bienes y las instalaciones de estas empresas pasaron a ser propiedad del Estado de Chile, que creó sociedades colectivas para hacerse cargo de las operaciones, coordinadas por la Corporación del Cobre de aquel entonces. La nueva normativa facultó al Gobierno chileno para que dispusiera sobre la organización, explotación y administración de las empresas nacionalizadas. También determinó que sólo podrían enajenarse o constituirse derechos de explotación sobre concesiones mineras para yacimientos que no estuvieran en explotación para ese momento, previa autorización por ley. Como resultado de estas atribuciones fueron dictados los decretos de ley 1349 y 1350 publicados en 1 de abril de 1976, que formalizaron la creación de una empresa minera, la Corporación Nacional del Cobre de Chile, Codelco.

Tras los cambios políticos del país en la década del ‘70, el sector minero vivió su propio debate respecto de cuáles serían las reglas por las que se regiría. Un alto impacto en el sector tuvo desde 1974 la promulgación del Estatuto de Inversión Extranjera, conocido como DL 600. El DL 600 establece los términos y condiciones que serán acordados en los contratos de inversión extranjera, los cuales garantizarán un tratamiento igualitario para los inversionistas extranjeros y locales.

Asimismo, en 1983 se promulgó el actual Código de Minería, el cual permitió un nuevo marco regulatorio para permitir la llegada de capitales extranjeros para invertir en la minería nacional.

En 1988 comenzaron a construirse las obras de la mina Escondida. Se trataba del primer megaproyecto de inversión extranjera en el sector realizado al alero de la nueva institucionalidad, con capitales principalmente australianos, ingleses y japoneses. La inversión inicial ascendió a US$ 836 millones, cifra que el 2003 superaba los US$ 4.000 millones.

Los cambios políticos post 1990, mantuvieron un clima de estabilidad política y social en el país, lo que contribuyó a atraer inversión extranjera y que se concretaran otros proyectos de gran envergadura, por una inversión total cercana a los US$ 20.000 millones. El ‘boom minero’ experimentado por Chile consolidó el liderazgo mundial de nuestro país en el sector, en particular con el cobre, dando un fuerte impulso a las actividades productivas y de servicios en las regiones donde se instalaron los proyectos.

Las nuevas inversiones realizadas lograron triplicar la producción chilena de cobre durante la década de los ’90. La llegada al país de grandes compañías mineras internacionales transformó a Santiago y a la Región de Antofagasta en centros mundiales de la minería.

El día 16 de Junio del año 2005 se aprobó la ley número 20.026 que establece un impuesto específico a la actividad minera (el tema fue públicamente debatido bajo el rótulo de Royalty II), mediante el cual se establecieron modificaciones sobre la ley de impuesto a la renta contenida en el artículo primero del decreto ley número 824 del año 1974.[1]

Ésta modificación legal introduce el concepto del costo que implica la extracción de materia no renovable al país, como es el caso de la minería, de forma que este impuesto específico opera sobre la renta operacional obtenida por el explotador minero. A pesar de este nuevo costo Chile conserva su posición estratégica como foco de inversiones mineras.

[1] www.sernageomin.cl